*Viven un insoportable ambiente laboral tóxico y de maltrato, además de permanente hostigamiento al personal, señalan
- Exigen la intervención del Gobernador MANQ
BAHÍA TIMES, Tepic, Nayarit.- Pues la gente se cansó y en conjunto, un grupo de personas con conocimiento directo del funcionamiento de los Centros de Atención e Internamiento para Adolescentes (CAIPA y CIPA) están denunciando públicamente a la directora general, Ana Bertha Ramírez Martínez, quién -presuntamente- dicen los afectados, obtuvo sus documentos académicos de manera irregular.
En su escrito, exponen que la institución enfrenta un insoportable ambiente laboral tóxico por maltrato y hostigamiento hacia el personal.
Ante el presunto tráfico de influencias de los «jefes» para mantenerse en sus cargos y en la nómina, lo que afecta la transparencia y la justicia, los afectados exigen a las autoridades competentes, incluyendo al Gobernador @MiguelAngelNavarroQ, al Secretario de Seguridad @ManasesLangarica, a la Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza y al Órgano Interno de Control, que se apliquen en sus funciones e investiguen a fondo estas serias irregularidades y tomen medidas inmediatas para garantizar un ambiente laboral digno y un servicio público ético.
Argumentan que, la ciudadanía, merece servidores públicos honestos y responsables.
AQUÍ LA MISIVA:
Tepic, Nayarit, a 13 de junio de 2025
C. Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit
C. Dr. Manasés Langarica Verdín
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit
C. Titular de la Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza
Gobierno del Estado de Nayarit
C. Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Presente
Asunto: Denuncia ciudadana anónima por presuntas irregularidades administrativas, maltrato laboral y tráfico de influencias por parte de funcionaria pública.
A quienes corresponda:
Quienes suscribimos esta denuncia, un grupo de personas que laboramos o hemos laborado en espacios relacionados con los Centros de Atención e Internamiento para Adolescentes (CAIPA y CIPA), hacemos de su conocimiento los hechos que a continuación se exponen. Por temor fundado a represalias laborales o personales, solicitamos se respete el anonimato de nuestra identidad, pero garantizamos que lo aquí expresado se sustenta en hechos conocidos directa o indirectamente por varias personas dentro del entorno institucional.
HECHOS
1. Presunta adquisición irregular de documentación académica
La actual Directora General de CAIPA y CIPA, Ana Bertha Ramírez Martínez, habría obtenido su certificado de nivel medio superior (preparatoria) mediante compra, sin cursar los estudios debidamente. Además, estudió la carrera de Psicología en la Universidad Nueva Galicia, institución que no cuenta con autorización oficial para impartir esa licenciatura, lo cual pone en duda la validez de sus credenciales profesionales.
2. Maltrato reiterado y clima laboral hostil
Es de conocimiento general entre el personal que la mencionada funcionaria ejerce violencia verbal, psicológica y actos de hostigamiento contra el personal a su cargo. Se han documentado humillaciones públicas, gritos constantes y amenazas veladas, lo que ha generado un ambiente laboral insano y de miedo generalizado.
3. Presunto tráfico de influencias y declaraciones indebidas
La propia C. Ana Bertha Ramírez Martínez ha manifestado de manera reiterada que tiene un hermano con gran poder, y que “con un solo tronar de dedos, el Gobernador cumple sus órdenes”, razón por la cual afirma que jamás podrá ser removida del cargo. Esta conducta no solo refleja arrogancia, sino también un posible uso indebido de relaciones de poder para mantener un puesto público sin rendición de cuentas.
PETICIÓN
En virtud de lo anterior, solicitamos:
1. Que se investigue la autenticidad de los documentos académicos presentados por la funcionaria señalada.
2. Que se realice una evaluación laboral confidencial al personal de los CAIPA y CIPA, para comprobar la existencia de maltrato, sin poner en riesgo a quienes colaboren.
3. Que se analice la legalidad de su nombramiento y su cumplimiento con los requisitos de ley.
4. Que, en caso de comprobarse las irregularidades, se apliquen las sanciones administrativas y legales correspondientes.
5. Que se adopten medidas urgentes para proteger los derechos laborales y humanos de quienes integran dichos centros.
Esta denuncia se presenta en ejercicio del derecho ciudadano a una administración pública honesta, profesional y libre de corrupción, y se hace con la esperanza de que las autoridades competentes actúen con imparcialidad y firmeza.
Atentamente,
Grupo de ciudadanas y ciudadanos con conocimiento directo de los hechos narrados
(Solicitamos el resguardo de nuestra identidad por temor fundado a represalias)
