¿Puede el Gobierno Controlar la Canasta Básica?

En nombre de la lucha «contra la inflación y la carestía», el gobierno mexicano ha impulsado una serie de políticas que pretenden controlar el precio de 25 productos de la canasta básica.

Sin embargo, en la práctica, este esfuerzo parece más una puesta en escena que una solución real. En los barrios, mercados y tienditas de la esquina, los tenderos ni siquiera están informados sobre qué productos conforman esa famosa lista, y mucho menos sobre los precios «acordados» desde el escritorio burocrático.

Bajo un régimen de libre mercado como el mexicano, intentar fijar precios es como ponerle correa al viento. La economía se rige por la oferta y la demanda, y lo sabe cualquier ama de casa que, ante un garrafón de agua a $40 en una tienda y a $32 en otra, no espera la directriz gubernamental para elegir: opta por lo más barato, como dicta el sentido común y la lógica del bolsillo.

La lista de productos —desde el aceite de canola, arroz, atún, hasta la tortilla y el pollo— representa los pilares de la dieta popular, pero su control centralizado raya en la utopía. ¿Se busca proteger la economía familiar o simplemente generar titulares? Porque si el Estado realmente impusiera precios fijos, estaríamos coqueteando con modelos como el cubano o el venezolano, donde el control estatal sofoca la competencia y vacía los anaqueles. ¿Ese es el camino que queremos?

La paradoja es evidente: se intenta regular sin intervenir del todo, se promete sin garantizar, se «apoya» sin llegar a los rincones donde verdaderamente se necesita. Todo mientras se juega con la necesidad del pueblo para figurar en la palestra política. ¿Cuántos discursos más nos venderán a nombre del combate a la inflación?

Mientras tanto, la tortilla sube, el jitomate se dispara, y el salario apenas alcanza. Lo que vivimos no es política social, es demagogia a la mexicana. Y en ella, el pueblo paga —literalmente— el precio.