Por: Ulises Rodríguez
Antier, muy temprano mataron a un comerciante en Lagos del Country. Omar, se llamaba y tenía treinta y cinco años, era de mi edad. El muchacho tenía menos de un mes de haber inaugurado su negocio, un puesto de tortas ahogadas estilo Guadalajara y los vecinos empezaban a reconocer en él a un hombre trabajador, que llegaba desde muy temprano para preparar en el lugar las carnitas que más tarde vendería. Lo anterior pude saberlo a través de un texto escrito por el fotoperiodista Hugo Cervantes, mismo que se publicó en el portal de Nayar Foto.
Paralelo a la noticia del asesinato de Omar, corrió también la versión de que el móvil del crimen habría sido una posible extorsión o, como lo conocemos con mayor normalidad: el cobro de piso. Esta práctica que se ha vuelto tan común y que tantas ganancias deja a los grupos delincuenciales que operan en los diferentes estados de la república. Con una rapidez que solo es usual en ellos cuando de aperturar carpetas de investigación para adversarios políticos se trata o cuando pretenden perseguir a particulares para despojarlos de sus bienes, pues con esa rapidez, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado, más para desmentir que en Nayarit hubiera “cobro de piso” -lo que significaría de facto la admisión del apoderamiento de los criminales sobre nuestra vida cotidiana, como en realidad sucede- que para ofrecer información sobre la muerte de Omar.
Como se ha vuelto habitual en la fiscalía general del estado, en su titular, el notario Petronilo Díaz Ponce y en general, con lo que dice la administración del gobernador Navarro Quintero, lo dicho por la institución a través de su boletín es una vil mentira.
Yo creo que ningún ciudadano tenemos los elementos informativos a la mano para afirmar o desmentir si, en el caso concreto, el asesinato de Omar fue producto de una extorsión. Lo que sí sabemos muy bien los ciudadanos es que el “cobro de piso” en Nayarit existe y está muy bien arraigado. Y no, no sólo me refiero a los señores Camarena y Mercado, sino a los grupos delincuenciales que, protegidos desde el poder público, se han adueñado de la cotidianidad de la mayoría del territorio estatal.
Supongo que, ante la ausencia de oposición local en los ayuntamientos y en el congreso del estado, donde no hay voces que denuncien lo que ocurre en la entidad y donde prefieren voltearse a otro lado, los que hacemos crítica política o que denunciamos desde diferentes espacios actos de corrupción de los que tenemos pruebas, nos hemos convertido en una especie de buzón de quejas de los ciudadanos que, impotentes ante las situaciones que padecen, encuentran una especie de desahogo en platicar lo que les ocurre y buscar que se denuncie públicamente. Es así como he podido constatar que no hay un municipio en el estado donde los grupos criminales no operen. Su negocio no es sólo la venta de estupefacientes sino actividades complementarias como el secuestro, la extorsión, la instalación de maquinitas, el cobro por transitar por vías alternas y todo aquello que deje dinero.
Un presidente municipal del anterior periodo platicó, por ejemplo, cómo había recibido una llamada del gobernador Navarro Quintero para sugerirle a quién debía fungir como su secretario de seguridad pública.
Ante la aceptación por parte del alcalde, el funcionario le pidió que esperara en las siguientes horas la llamada de alguien que había sido designado para que le hiciera llegar los perfiles propuestos. La sorpresa, según comentó el expresidente municipal, fue que los tres perfiles que le hicieron llegar eran integrantes de “la maña” local. Ellos se harían cargo de “administrar” la seguridad en el municipio con la premisa de “no llamar la atención”. Así es como nacen los “cobros de piso”, cuando una autoridad entrega el control territorial del estado a los delincuentes. No sé si el alcalde haya aceptado al final la propuesta del gobernador, aunque presumo que así fue. Lo han hecho decenas de alcaldes a los que también se les han impuesto ese tipo de situaciones y que piensan en quedar bien con el mandatario para evitar problemas antes que en cumplir su compromiso con los ciudadanos.
Pongo otros dos ejemplos: en la zona rural de Tepic, algunas autoridades ejidales me confiaron cómo eran los “mañosos” los que cobraban las ganancias de los depósitos y de las fiestas que hacían en sus respectivas comunidades para obtener recursos que luego pudieran invertir en alguna mejora necesaria.
-eso lo saben en el ayuntamiento y lo saben en la fiscalía, a veces, hasta ellos los llevan a presentar- me dijo, con un dejo de resignación un comisariado ejidal.
En febrero, cuando escribí alguna opinión sobre la detención de un abogado en Tepic, presuntamente por consigna de la fiscalía, vecinos del poblado del Jicote me hicieron llegar videos que dejaban constancia del enfrentamiento entre criminales asentados en la parte montañosa de ese territorio, quienes allí tienen su campamento y, según lo que me dijeron los mismos pobladores, eran los encargados de cobrar piso a los dueños de negocios, particularmente a los de bebidas alcohólicas.
En algo tiene razón el fiscal Petronilo: es posible que no haya denuncias sobre esta clase de delitos. Los ciudadanos no son ilusos y saben que denunciar en la fiscalía sería como querer darle quejas al doctor Navarro sobre lo que hacen Mercado y Camarena. No tiene caso, son la misma mafia.
Todos esperamos justicia en el caso de Omar, el comerciante ejecutado mientras se preparaba para un día más de trabajo. Pero en la tierra del gigante dormido, donde la impunidad es cosa de todos los días, es mucho más fácil ser víctima de una extorsión o que tu nombre esté en una carpeta de investigación a obtener justicia. Eso debe quedar claro.
ESCENA POSTCRÉDITOS: Ha comenzado ya la campaña para elegir juzgadores locales. Estoy muy animado con la posibilidad de que un grupo de amigos que me hacen el honor de leer mis artículos hayan aceptado la invitación para reunirnos la próxima semana y analizar juntos no sólo el proceso sino a los perfiles que participan en el mismo. Lo anterior, con el objetivo de identificar a qué intereses sirven algunos candidatos y cuáles de verdad podrían garantizar independencia, conocimiento y honestidad en sus resoluciones. Siempre he considerado que la información oportuna es nuestra mejor herramienta frente a los abusos del poder ¡Luego les comparto cómo nos fue!
