*Francisco Javier Rivera Casillas.
Los plazos se cumplen y el pasado domingo primero de junio del año en curso, tuvo verificativo la elección de las personas juzgadoras que integrarán como Ministros la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas y juzgados; estos dos últimos cargos públicos se eligieron tanto en el ámbito federal como local.
Más allá de lo inédito y circunstancias de la elección, lo que debe estar en la agenda judicial es el reto que enfrentarán las personas que asumirán los cargos.
Reto que debe confrontarse ineludiblemente con los motivos que impulsaron la reforma constitucional que se materializó el día de la jornada electoral.
Con independencia de las posiciones disidentes en cuanto al mecanismo o procedimiento para elegir a las personas juzgadoras, hoy debe reflexionarse respecto a las razones que motivaron la enmienda del texto constitucional.
En el pasado reciente, los impulsores de la reforma a nivel federal, refirieron el nepotismo, la corrupción, el influyentísimo y la lentitud en los procesos judiciales como los principales argumentos que enarbolaron la justificación para realizar los cambios constitucionales.
Ahora, una vez que asuman el cargo los triunfadores, corresponderá como sociedad dar seguimiento y medir la eficacia de la reforma y con ello verificar si la modificación rindió frutos.
El tema evidentemente tiene diversas aristas, sin embargo en una lista de prelación o de importancia, desde mi perspectiva hay dos apuntes que merecen especial atención.
Si bien es cierto, se crean tribunales de disciplina judicial -federal y local- que tendrán como principal función sancionar algunas conductas de las personas juzgadoras que se aparten de la observancia de la ley, también es una realidad que el diseño de la reforma no establece el cómo garantizar que toda persona tendrá pleno acceso a la justicia y sí lo tiene, que los procesos judiciales sea más ágiles y con ello combatir la lentitud de los mismos.
Las dos cuestiones anteriores resultan medulares en la imaginaria de contar con personas juzgadoras cuyo principal atributo sea la honestidad invulnerable y por otra parte, ser perseverantes para concretar que toda la población -sin distingo- tenga pleno acceso a la justicia con procesos judiciales que sean resueltos en plazos razonables.
El reto es mayúsculo y los problemas o deficiencias que en efecto sí presenta el sistema judicial mexicano estarán sujetos a solución y corresponderá examinarlos para resolverlos a los nuevos sinodales que serán investidos con toga por la singular elección.
Dicho de otra manera, no solo se trató de “democratizar la designación”, también implica que el desempeño de quienes tendrán la delicada labor de juzgar, se vea acompañado de una conducta impecable en cuanto a compromiso, capacidad, honestidad y diligencia se refiere.
La sola modificación de la forma de elección no resuelve los problemas que aquejan al sistema judicial; la creación o renovación de las instituciones públicas no tiene éxito ni razón de ser si quienes las integran no asumen una conducta personal y profesional a la altura del cargo que desempeñan.
No habrá diseño normativo que rinda resultados positivos si éste no se ve acompañado y ejecutado por las personas idóneas, por servidores públicos probos que con su actuar cotidiano hagan valer el concepto que acuña la naturaleza de su denominación. Servir a la sociedad.
En esa lógica, el desafío que enfrentará la reforma constitucional no pone a prueba en abstracto al poder judicial como institución que debe ser garante del derecho; a quien en realidad emplaza y exigirá resultados es a sus próximos integrantes.
El futuro nos dará la respuesta.
*Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Nayarit.
