Dr. Abel Ortiz Prado
El pasado mes de febrero, de conformidad con lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, la Auditoría Superior del Estado (ASEN) presentó el Informe de Fiscalización Superior 2023. El análisis comparativo entre 2022 y 2023 muestra que, si bien hay señales de avance en varios frentes, -al registrarse una disminución de $ 366.5 mdp en los montos observados con relación al cumplimiento de la normativa, ya que la mejora en la calidad del gasto sería objeto de un análisis más profundo- persisten zonas críticas donde el uso de los recursos públicos sigue siendo opaco o ineficiente. La fiscalización debe ir más allá del señalamiento: debe promover la corrección, evitar la recurrencia en los errores, la capacitación, la observancia del principio de legalidad al que están sujetos los servidores públicos y la sanción cuando sea necesaria para lograr su objetivo que no es otro que: “contribuir a la mejora continua de la administración pública”. En el caso de los poderes estatales, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo, se registra un incremento en sus observaciones en más de $ 42 mdp, lo cual podría interpretarse como una debilidad de sus controles internos. En contraste, el Poder Judicial presenta una disminución sustancial del 97.9%. Una mejora relevante que nos sugiere una mejor gestión y administración de los recursos públicos, mientras que el Poder Legislativo después un limpio resultado en el año 2022, ahora destaca con 20 observaciones que superan los $ 12.6 mdp.
En el orden de gobierno municipal, los municipios Del Nayar y Rosamorada -quienes, por su alarmante incremento, deben ser objeto de un especial análisis ciudadano- así como Compostela; registran aumentos superiores a $30 millones en los montos observados, destacando el Del Nayar con un preocupante crecimiento de $136 mdp. Bahía de Banderas por su parte incrementa en $ 76.9 mdp el monto observado y llama la atención que desde enero de dicho ejercicio fiscal el Síndico Mpal en turno, presentó una denuncia por corrupción ante la fiscalía especializada en el combate a la corrupción anticipándose a este oficial resultado. En la misma tendencia, Santiago Ixc. y Tuxpan, aunque no lideran en número de observaciones, el incremento monetario observado supera los $10 mdp, lo cual compromete su transparencia fiscal. En contraposición, el municipio de Tepic disminuyó su monto observado en más de $695 mdp, lo que sugiere acciones correctivas importantes, en tanto que Ahuacatlán y Santa María del Oro, presentan reducciones sustanciales que podrían atribuirse a un mayor cumplimiento administrativo. En este escenario, resulta relevante recordar que en el 2022 al Mpio de Tepic se le imputó un presunto daño patrimonial por $ 789.6 mdp, el cual generó una controversia legal a partir de que la reforma 2016 a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le otorgó en exclusiva la fiscalización del gasto federalizado a la Auditoría Superior de la Federación, debiendo existir un convenio entre estado y federación a fin de que la ASEN pueda asumir temporalmente esta función sin que esta última lo haya acreditado, por lo que se infiere que la resolución judicial le fue adversa, resultado del que aún sigue pendiente de conocer oficialmente la ciudadanía ya que no se incluye en el último informe. Cabe señalar que, si este vicio se repite en el 2023, todos los municipios podrían solicitar la invalidez de las observaciones relacionadas con esta vertiente de gasto y en automático, anular las expectativas de recuperación del monto de los recursos señaladas en los informes individuales de cada ente fiscalizado.
Por otra parte, a pesar del marco legal vigente, no se advierte en el Informe de Fiscalización 2023 que se hayan revisado con criterio de cumplimiento los proyectos cuyo valor sea igual o superior a 10 millones de UDIS, en los términos del Artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Aspecto relevante, ya que la omisión de estos estudios compromete la justificación del gasto público en proyectos de gran envergadura, atenta contra la sostenibilidad financiera e impide mejorar la calidad del gasto público al privilegiar con esta nociva práctica, la ejecución de proyectos caprichosos que no agregan “valor público” a la sociedad. Por otra parte, no se agregan al portal de transparencia de la ASEN, los Informes Generales que detallen esta información y la problemática transversal de todos los entes fiscalizados, denuncias presentadas, montos recuperados del año anterior, indicadores de desempeño entre los 20 municipios, lo que representa un área de oportunidad para transparentar y mejorar la ejecución del gasto público. -lo que no se mide no se puede mejorar-. Es momento de reforzar los sistemas de control interno, transparentar la contratación pública y garantizar que todo proyecto de gran calado cuente con los estudios previos que justifiquen su pertinencia con el Plan de Desarrollo, rentabilidad social y la legalidad de la fiscalización en el marco de las reformas a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Hay un principio orientador que establece que dos cabezas piensan más que una, a partir de lo anterior, dejamos sobre la mesa la invitación abierta a la ciudadanía, investigadores, académicos y ejecutores de gasto, a revisar estos datos y a trabajar en las propuestas pertinentes. aborpra@hotmail.com. Académico, Consultor en Finanzas, Administración Pública y Asociaciones Público-Privadas. @seguidores
